Consentimiento informado en Perú (3)

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Consentimiento informado es la expresión de la voluntad del paciente, aceptando o rechazando un procedimiento médico tras recibir información comprensible sobre lo que se propone. En Perú, como en cualquier sistema sanitario, su función principal es proteger la autonomía de la persona y facilitar decisiones que tengan en cuenta sus valores y expectativas, tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas.

La información que debe recibir quien va a decidir suele incluir el diagnóstico, la finalidad del tratamiento, los riesgos y beneficios previsibles, las alternativas razonables y las consecuencias de no intervenir. Esa explicación debe ser clara, adaptada al nivel de comprensión del paciente y permitir tiempo para preguntar y reflexionar antes de aceptar o rechazar.

Hay diferencias prácticas entre el consentimiento verbal y el consentimiento por escrito: para procedimientos invasivos o de mayor riesgo suele ser recomendable que exista un documento firmado que deje constancia de lo explicado y de la decisión. La forma del documento, su lenguaje y la posibilidad de recibir traducción o apoyo si hay barrera idiomática son aspectos relevantes para que el consentimiento sea efectivo y válido.

La capacidad para decidir es clave. Cuando una persona no puede comprender o expresar su voluntad por edad, enfermedad o incapacidad, se recurre a su representante legal o a quien tenga legitimidad para decidir por ella; en todos los casos el criterio debe ser el interés del paciente y se debe dejar constancia de quién intervino y por qué. El derecho a revocar un consentimiento también existe: la persona puede retirar su autorización, y esa revocación debe ir por escrito siempre que sea posible.

En situaciones de emergencia en las que existe peligro inminente para la vida o la salud y no es posible obtener el consentimiento, el personal sanitario puede actuar para salvar al paciente, pero debe documentar claramente las razones médicas que justificaron la omisión y las decisiones tomadas posteriormente. Esa prueba escrita ayuda a proteger tanto al paciente como al profesional frente a dudas posteriores.

La ausencia o la carencia de información adecuada sobre riesgos y alternativas puede ser relevante cuando se sospecha de una atención deficiente. Para valorar una posible reclamación es habitual reunir la historia clínica, los consentimientos firmados, informes de laboratorio, imágenes y cualquier comunicación escrita con el centro o el profesional. Un peritaje médico y asesoramiento especializado suelen ser pasos necesarios para determinar si existió una responsabilidad.

De manera práctica, conviene pedir siempre explicaciones detalladas y una copia del consentimiento firmado, solicitar la presencia de un familiar o de un intérprete si se necesita, y dejar constancia escrita si se decide rechazar un tratamiento. Guardar facturas, recetas y registros de seguimiento facilita cualquier gestión posterior con la entidad sanitaria o la aseguradora. Si surgen dudas sobre la información recibida o sobre la validez del consentimiento, pedir asesoramiento legal permite orientar los pasos siguientes sin comprometer la atención sanitaria.