Retraso en iniciar el tratamiento adecuado en Estados Unidos: cuándo puede reclamarse por el empeoramiento del paciente

En Estados Unidos, el retraso en iniciar un tratamiento adecuado puede dar lugar a una reclamación por negligencia médica cuando el retraso se aparta del nivel de atención que razonablemente habría prestado un profesional sanitario en circunstancias semejantes y provoca un daño demostrable. No basta con que el diagnóstico haya sido tardío, el tratamiento no haya funcionado o el paciente haya empeorado: normalmente debe probarse la existencia de una relación médica, un incumplimiento del estándar profesional, una relación causal entre ese incumplimiento y el perjuicio, y daños compensables.

La regulación principal procede de las leyes de cada estado. Aunque muchos estados utilizan conceptos parecidos, pueden cambiar el plazo para demandar, la necesidad de presentar una notificación previa, la exigencia de una declaración de mérito, los límites de las indemnizaciones y las reglas aplicables a hospitales públicos, médicos empleados por el Gobierno o menores de edad.

Qué se entiende por retraso en el tratamiento

El retraso puede consistir en no comenzar a tiempo un tratamiento indicado, no derivar al paciente a un especialista, no ordenar pruebas razonablemente necesarias, no revisar sus resultados, no comunicar un resultado anormal o no actuar con rapidez ante signos de urgencia. También puede producirse cuando el tratamiento se inicia, pero se administra de forma inadecuada o después de que la enfermedad haya avanzado.

Algunos ejemplos frecuentes son:

• no tratar una infección grave pese a signos clínicos relevantes;
• retrasar una cirugía necesaria después de detectar una lesión o una hemorragia;
• no iniciar anticoagulación, antibióticos, quimioterapia u otra medicación cuando estaba médicamente indicada;
• no reconocer síntomas compatibles con un accidente cerebrovascular, un infarto o una sepsis;
• no revisar una radiografía, tomografía, biopsia o análisis que mostraba una condición que requería atención;
• dar el alta sin instrucciones razonables ni seguimiento cuando existía un riesgo conocido;
• no trasladar al paciente a un centro con capacidad suficiente para atender su estado.

El hecho de que el tratamiento se haya retrasado no demuestra por sí solo negligencia. Un profesional puede decidir razonablemente observar la evolución, solicitar pruebas adicionales o esperar antes de iniciar una intervención. La cuestión legal suele ser si esa decisión era razonable conforme al estándar de atención aplicable en ese momento, teniendo en cuenta la información disponible y no únicamente el resultado posterior.

Requisitos habituales de una reclamación por negligencia médica

Una demanda por medical malpractice suele basarse en cuatro elementos. La terminología y la forma de probarlos varían según el estado, pero la estructura general es la siguiente:

Deber de atención

En una consulta programada, el deber suele nacer de la relación entre el paciente y el profesional o centro. En una sala de urgencias, la existencia y el alcance de las obligaciones pueden depender de si el hospital aceptó al paciente, inició una evaluación o estaba sujeto a obligaciones específicas de atención de emergencia.

También pueden existir reclamaciones contra varios participantes: el médico que tomó la decisión, el hospital, el grupo médico, una clínica, un laboratorio o un servicio de radiología. La responsabilidad de una entidad no se presume automáticamente por el simple hecho de que el profesional trabajara en sus instalaciones. Hay que examinar la relación laboral o contractual, la supervisión, los protocolos y las reglas de responsabilidad indirecta vigentes en el estado.

Incumplimiento del estándar de atención

El estándar suele preguntarse qué habría hecho un profesional razonablemente competente con una formación y unas circunstancias comparables. No siempre se exige que el médico hubiera elegido el mejor tratamiento posible. Puede ser suficiente con que haya actuado de una manera aceptada por una parte razonable de la práctica médica, siempre que la legislación estatal permita esa formulación.

Para evaluar la posible infracción se consideran, entre otros factores, los síntomas descritos, las constantes vitales, los antecedentes, los resultados disponibles, la urgencia de la enfermedad, las instrucciones del fabricante de un medicamento o dispositivo, las políticas clínicas relevantes y las alternativas existentes en ese momento. Las guías médicas pueden ser útiles, pero no sustituyen por sí solas el análisis jurídico del estándar profesional.

Relación causal

La causalidad suele ser el punto más discutido. El paciente debe vincular el retraso con un daño concreto. Es posible que la enfermedad ya fuera grave o que el resultado adverso se hubiera producido incluso con una atención correcta. En esos casos, una reclamación puede fracasar aunque haya existido un error, porque no se prueba que el error causara el perjuicio reclamado.

La prueba puede consistir en demostrar que, con un tratamiento oportuno, probablemente se habría evitado la lesión, se habría reducido su gravedad, se habría necesitado una intervención menos invasiva o se habría ofrecido al paciente una posibilidad razonable de supervivencia o recuperación. La legislación de cada estado determina el grado de probabilidad exigido. Algunas jurisdicciones tratan de manera específica los casos de “pérdida de oportunidad” (loss of chance), especialmente cuando el retraso redujo las posibilidades de un mejor resultado, pero no todos los estados aplican la misma regla.

Daños indemnizables

Los daños pueden incluir gastos médicos pasados y futuros, rehabilitación, medicamentos, cuidados en el hogar, pérdida de salarios, reducción de la capacidad de obtener ingresos, dolor físico, sufrimiento emocional, pérdida de autonomía y disminución de la calidad de vida. Si el paciente fallece, los familiares o representantes autorizados pueden tener derechos mediante una acción de supervivencia o por muerte injusta (wrongful death), según la ley estatal.

Algunos estados limitan los daños no económicos en determinadas demandas por negligencia médica. Otros aplican reglas distintas a los daños económicos, a los casos con discapacidad permanente o a las reclamaciones contra entidades públicas. Los daños punitivos, cuando existen, suelen requerir una conducta especialmente grave y no se conceden por un simple error profesional.

Retraso diagnóstico, retraso terapéutico y errores relacionados

El retraso en iniciar el tratamiento puede relacionarse con varias teorías jurídicas diferentes. Identificarlas correctamente ayuda a determinar qué hechos y pruebas son relevantes.

Un caso puede incluir más de una de estas teorías. Por ejemplo, un centro podría no revisar una biopsia anormal, el médico podría no comunicar el resultado y, posteriormente, podría retrasar una derivación oncológica. Cada actuación debe analizarse por separado, aunque el daño final sea común.

Situaciones de urgencias y obligaciones federales

Las salas de urgencias de determinados hospitales sujetos a la ley federal Emergency Medical Treatment and Labor Act (EMTALA), codificada en 42 U.S.C. § 1395dd, deben realizar un examen médico adecuado para determinar si existe una emergencia y, cuando procede, estabilizar al paciente o realizar un traslado apropiado. Esta norma puede ser relevante si el hospital no examina a una persona que solicita atención, la da de alta sin estabilizar una emergencia o la transfiere de manera inadecuada.

EMTALA no convierte automáticamente todo retraso en una reclamación federal ni elimina las acciones estatales por negligencia médica. Sus requisitos, defensas y vías de reparación son diferentes de los de una demanda por medical malpractice. la responsabilidad por la calidad clínica del diagnóstico o del tratamiento suele analizarse bajo la ley estatal, incluso cuando los hechos ocurrieron en urgencias.

Un hospital público, una clínica de una agencia federal o un profesional que actuaba para el Gobierno pueden estar sujetos a reglas especiales. Las reclamaciones contra Estados, condados, ciudades o entidades federales pueden exigir una notificación administrativa previa y estar sometidas a plazos propios. La Federal Tort Claims Act puede resultar aplicable a ciertos actos de empleados federales, pero sus condiciones no son iguales a las de una demanda ordinaria contra un profesional privado.

Pruebas que suelen ser importantes

La documentación debe permitir reconstruir qué síntomas existían, cuándo fueron comunicados, qué decisiones se tomaron y cuándo se inició finalmente el tratamiento. Su utilidad depende de la jurisdicción y de los hechos, pero normalmente se revisan:

• historia clínica completa, incluidos registros de urgencias, consultas, hospitalización, enfermería y alta;
• resultados de análisis, imágenes, biopsias y pruebas funcionales;
• órdenes médicas, recetas, cambios de medicación y registros de administración;
• mensajes del portal del paciente, llamadas documentadas e instrucciones de seguimiento;
• facturas, justificantes de pago, informes de rehabilitación y documentación de incapacidad laboral;
• fotografías, diarios de síntomas y anotaciones contemporáneas de familiares o cuidadores;
• opiniones de especialistas sobre lo que habría ocurrido con una atención adecuada y oportuna.

El expediente médico puede contener abreviaturas o referencias incompletas. Conviene conservar copias sin modificar y anotar por separado una cronología con fechas, síntomas, citas, llamadas, resultados y cambios en el estado de salud. No debe alterarse un registro clínico ni pedir a un profesional que cambie retrospectivamente una anotación.

El papel de los expertos

En muchas jurisdicciones, la opinión de un experto es necesaria para demostrar el estándar de atención y la causalidad. El experto suele comparar la actuación cuestionada con la práctica razonable y explicar cómo el retraso produjo o agravó el daño. La especialidad, la licencia profesional y los requisitos para declarar como experto pueden estar regulados por la ley estatal.

Los informes médicos posteriores al incidente no prueban automáticamente que existiera negligencia. Un especialista puede considerar que el resultado era inevitable o que el tratamiento oportuno tampoco habría cambiado el pronóstico. Por eso es importante distinguir entre una opinión médica sobre el mejor tratamiento y una opinión jurídica o pericial sobre la desviación del estándar y sus consecuencias.

Plazos para reclamar

El plazo suele denominarse statute of limitations. No existe un único plazo para todo Estados Unidos. Cambia según el estado, el tipo de demandado, la naturaleza de la lesión, la fecha del tratamiento, el momento en que se descubrió razonablemente el daño y si el paciente era menor de edad.

Algunos estados cuentan el plazo desde la fecha del acto negligente; otros reconocen reglas de descubrimiento cuando la lesión no podía identificarse razonablemente antes. También puede existir un statute of repose, que fija un límite absoluto transcurrido cierto tiempo, incluso si el daño se descubrió más tarde. Las excepciones no son uniformes y pueden ser limitadas.

Presentar una queja ante una junta médica, negociar con la aseguradora o solicitar el expediente no necesariamente detiene el plazo. En algunos estados, una notificación de intención de demandar puede suspender o ampliar el plazo durante un periodo concreto, mientras que en otros no produce ese efecto o debe cumplir requisitos formales. No conviene asumir que una conversación con el hospital protege el derecho a demandar.

Las reclamaciones contra entidades públicas pueden tener plazos de notificación más breves que los aplicables a demandados privados. Cuando interviene una entidad federal, normalmente hay que analizar primero los requisitos administrativos federales. La fecha exacta del tratamiento, el descubrimiento del empeoramiento y la identidad jurídica de cada demandado deben revisarse antes de decidir la estrategia.

Requisitos procesales que pueden variar por estado

Algunos estados exigen que, antes de presentar la demanda, el paciente entregue una notificación al profesional o a la entidad, obtenga una revisión por un panel o presente un certificado o declaración de un experto que indique que la reclamación tiene fundamento. Otros no imponen esas formalidades o las aplican solo a ciertos tipos de casos.

El incumplimiento puede provocar que la demanda sea desestimada, que se suspenda su tramitación o que el demandante reciba un plazo para corregir el defecto. La forma del documento, la firma del experto, el contenido requerido y el momento de presentación dependen de la ley procesal estatal. No debe utilizarse un formulario de otro estado sin verificar que sea válido en el tribunal correspondiente.

Defensas habituales

El profesional o la entidad pueden sostener que no hubo desviación del estándar, que la decisión era clínicamente razonable, que otro proveedor causó el retraso, que el paciente no siguió las instrucciones o que la enfermedad habría producido el mismo resultado. También pueden discutir la fecha en que comenzó el plazo, la suficiencia de la notificación previa y la cuantía de los daños.

Las reglas de negligencia comparativa pueden reducir la indemnización si el jurado considera que la conducta del paciente contribuyó al daño, aunque su aplicación y sus efectos varían. No acudir a una cita, no tomar un medicamento o no regresar ante síntomas de alarma puede ser relevante, pero el demandado normalmente debe demostrar la relación entre esa conducta y el empeoramiento. La existencia de una condición médica previa no elimina automáticamente el reclamo: puede discutirse si el retraso agravó una lesión preexistente o aceleró su evolución.

Cómo suele evaluarse el caso

La evaluación comienza con una cronología precisa y la identificación de todos los profesionales y centros implicados. Después se revisa el expediente para determinar qué información estaba disponible en cada momento, qué decisiones se tomaron y cuándo apareció el daño adicional. Un abogado especializado en la jurisdicción correspondiente puede comprobar los plazos, las formalidades previas, la posibilidad de responsabilidad del hospital y las reglas sobre daños.

Las aseguradoras pueden solicitar registros y ofrecer un acuerdo antes de que exista una demanda. La conveniencia de aceptarlo depende de la gravedad actual y futura de las lesiones, la necesidad de cuidados, la solidez de la causalidad y las consecuencias de firmar una liberación. Un acuerdo normalmente pretende resolver las reclamaciones incluidas en el documento, por lo que deben analizarse sus términos antes de firmarlo.

Si el empeoramiento continúa, puede ser necesario obtener una valoración médica independiente para conocer el pronóstico y las necesidades futuras. No es aconsejable retrasar la atención sanitaria mientras se recopilan pruebas ni abandonar un tratamiento indicado por temor a afectar la reclamación. Las decisiones clínicas deben adoptarse con el equipo médico que atiende al paciente, y las cuestiones sobre responsabilidad deben analizarse separadamente bajo la ley del estado aplicable.