Representations and warranties en un contrato mercantil de Estados Unidos: qué obligan realmente a cada parte

En Estados Unidos, las representations and warranties son declaraciones contractuales mediante las que una parte afirma que ciertos hechos son verdaderos o que determinada situación existe. Su función práctica es distribuir el riesgo entre las partes y permitir que la otra decida si celebra el contrato, paga un precio concreto o acepta determinadas condiciones.

La traducción habitual como declaraciones y garantías no refleja por completo la diferencia entre ambas expresiones. En la práctica estadounidense suelen aparecer juntas en una misma cláusula, especialmente en contratos de compraventa de empresas, financiación, suministro, distribución, licencias y otros contratos mercantiles. Sus efectos concretos dependen del texto firmado y de la ley estatal aplicable.

Qué significa jurídicamente una representation

Una representation es, normalmente, una afirmación sobre un hecho presente o pasado. Por ejemplo, una empresa puede declarar que está debidamente constituida, que sus estados financieros se prepararon conforme a determinados principios contables o que no tiene litigios materiales no revelados.

La otra parte puede utilizar esa declaración para valorar el riesgo de la operación. Si la afirmación era falsa cuando se hizo, pueden surgir acciones por incumplimiento contractual y, en ciertos casos, por fraude o misrepresentation conforme al derecho estatal aplicable.

Una declaración no tiene que estar en un documento separado. Puede encontrarse en:

• el contrato principal;
• un anexo de declaraciones y garantías;
• un certificado de cierre;
• un informe financiero incorporado al contrato;
• una respuesta escrita a un proceso de diligencia debida;
• o comunicaciones previas, si las reglas de integración contractual permiten considerarlas parte del acuerdo.

No toda afirmación comercial constituye automáticamente una representation. Las opiniones, previsiones y expresiones de intención suelen recibir un tratamiento distinto de las afirmaciones objetivas. Sin embargo, una opinión puede tener relevancia jurídica si quien la emite posee conocimientos especiales, oculta hechos relevantes o formula la opinión de manera engañosa.

Qué significa jurídicamente una warranty

Una warranty es una promesa contractual o garantía sobre la existencia, calidad, estado o desempeño de algo. En un contrato mercantil puede referirse a los bienes entregados, a la titularidad de determinados activos, al cumplimiento normativo o a la exactitud de información proporcionada.

La infracción de una warranty suele tratarse como incumplimiento de contrato. En general, no es necesario demostrar que la parte actuó con intención fraudulenta. La cuestión principal será si la garantía era aplicable, si resultó falsa o incumplida y qué remedio prevé el contrato o permite la ley aplicable.

Una diferencia práctica frecuente es la siguiente:

Las etiquetas no son decisivas por sí solas. Un tribunal puede interpretar el contrato atendiendo al texto completo, a la estructura de las cláusulas, al tipo de operación y a la ley estatal aplicable.

Marco legal aplicable en Estados Unidos

Estados Unidos no tiene una única ley general sobre representations and warranties aplicable a todos los contratos. La interpretación depende principalmente de:

• la ley elegida en el contrato;
• las normas del estado cuya ley resulte aplicable si no existe elección válida;
• el tipo de operación;
• la naturaleza de las partes y de los bienes o servicios;
• y las normas federales o estatales imperativas que no puedan excluirse por contrato.

En contratos de compraventa de bienes, el Uniform Commercial Code (UCC), adoptado con variaciones por los estados, reconoce garantías expresas cuando la descripción, muestra, modelo o afirmación del vendedor forma parte de la base del acuerdo. También contempla garantías implícitas, entre ellas la de comerciabilidad y, en determinadas circunstancias, la de adecuación para un propósito particular.

El UCC se ocupa principalmente de la venta de bienes muebles. No regula de la misma manera los servicios profesionales, las operaciones inmobiliarias, muchas licencias de software ni las compraventas de empresas. En contratos mixtos puede ser necesario determinar si predomina la venta de bienes o la prestación de servicios.

Las garantías implícitas pueden limitarse o excluirse en determinadas circunstancias, pero la validez de la exclusión depende del texto utilizado, de su visibilidad, del tipo de garantía y de las normas estatales. Las cláusulas de exclusión no suelen proteger frente a fraude intencional, y algunos límites pueden resultar ineficaces por normas imperativas o por ser inconcebibles en el caso concreto.

En contratos regidos por el derecho común estatal, como muchos acuerdos de servicios, financiación o compraventa de participaciones, la interpretación se basa en precedentes judiciales y en principios contractuales estatales. Delaware y Nueva York son elecciones frecuentes en operaciones empresariales, pero sus reglas no son idénticas y no deben presumirse aplicables sin revisar la cláusula de elección de ley y la conexión de la operación con el estado correspondiente.

Contenido habitual en contratos mercantiles

Las declaraciones de una sociedad suelen cubrir su existencia y autoridad, la firma válida del contrato, la ausencia de conflictos con otros acuerdos y la obtención de consentimientos necesarios. En una operación corporativa también son frecuentes las declaraciones sobre:

• capital social, participaciones o acciones emitidas;
• estados financieros y libros contables;
• activos, propiedad intelectual y titularidad de bienes;
• contratos relevantes;
• impuestos y obligaciones laborales;
• litigios, investigaciones y órdenes administrativas;
• cumplimiento de leyes aplicables;
• privacidad, ciberseguridad y tratamiento de datos;
• permisos, licencias y autorizaciones;
• ausencia de cambios materiales adversos.

En contratos de suministro o distribución, las garantías pueden referirse a especificaciones técnicas, calidad, conformidad con muestras, seguridad del producto, embalaje, entrega, propiedad intelectual y ausencia de defectos. En contratos de servicios, suelen abarcar la cualificación del personal, la prestación conforme a estándares profesionales, la ausencia de infracción de derechos de terceros y el cumplimiento de normas sectoriales.

La importancia de las definiciones y los calificadores

El alcance real de una declaración suele depender menos de su título que de los calificadores incorporados. Palabras como material, material adverse effect, to the knowledge of the seller o in all material respects pueden reducir significativamente la responsabilidad.

Una declaración de que no existen litigios puede ser muy amplia. Si se modifica para indicar que no existen litigios materiales, la discusión pasará a centrarse en qué significa materialidad. Algunos contratos definen un umbral económico; otros utilizan criterios cualitativos o remiten a los efectos sobre el negocio.

El calificador de conocimiento también requiere precisión. Debe aclararse si se refiere al conocimiento real de determinadas personas o al conocimiento que esas personas habrían adquirido tras una investigación razonable. La inclusión de una lista cerrada de directivos evita, en parte, disputas sobre quién debía conocer el hecho.

También es esencial fijar la fecha de la declaración. Una garantía puede formularse al firmar, al cerrar la operación y durante un período posterior. Si el contrato exige que sea verdadera en varias fechas, un cambio entre la firma y el cierre puede permitir no cerrar, reclamar una indemnización o ejercer otros remedios, según el acuerdo.

Disclosure schedules y excepciones a las declaraciones

En operaciones empresariales, las declaraciones suelen acompañarse de disclosure schedules, anexos en los que se revelan hechos que constituyen excepciones. Por ejemplo, una declaración puede afirmar que no hay contratos relevantes incumplidos, seguida de un anexo que identifica un contrato concreto y describe la incidencia.

La relación entre el contrato y los anexos debe estar expresamente regulada. Algunos acuerdos establecen que una información incluida en un anexo puede calificar únicamente la declaración a la que se refiere. Otros permiten que la información revelada en una sección califique todas las declaraciones pertinentes, aunque no se repita en cada apartado.

La revelación genérica suele generar controversia. Una referencia a miles de documentos, a una sala virtual de datos o a hechos que la otra parte podía descubrir mediante diligencia no siempre equivale a una revelación suficiente. El resultado depende de la redacción contractual, del nivel de detalle y de la ley aplicable.

Remedios por falsedad o incumplimiento

Los remedios pueden proceder del propio contrato, de la ley estatal o de ambas fuentes. Los más habituales son:

• Daños contractuales: compensación por la pérdida causada por el incumplimiento, sujeta a reglas de causalidad, previsibilidad y mitigación.
• Indemnización: obligación de reembolsar pérdidas, responsabilidades, costes o reclamaciones de terceros según la definición pactada.
• Reparación o sustitución: frecuente en contratos de bienes y servicios técnicos.
• Rescisión o cancelación: posible en determinados supuestos, aunque no siempre está disponible por cualquier incumplimiento.
• Daños por fraude: pueden existir cuando concurren los elementos exigidos por la ley estatal, incluida la falsedad, conocimiento o imprudencia relevante, confianza razonable y perjuicio.

Muchos contratos limitan los daños indirectos, especiales, incidentales o punitivos y establecen un límite máximo de responsabilidad. La eficacia de estas restricciones varía según la jurisdicción y puede verse afectada por fraude, dolo, conducta intencional, lesiones personales, normas sectoriales o redacciones ambiguas.

El contrato también puede exigir notificación detallada de la reclamación, permitir a la parte responsable asumir la defensa frente a terceros, establecer un procedimiento de control del litigio y fijar un período para presentar reclamaciones. El incumplimiento de esos procedimientos puede perjudicar la reclamación, aunque el efecto exacto depende de la cláusula y de la ley aplicable.

Survival y plazos para reclamar

En una operación de compraventa empresarial, las declaraciones pueden sobrevivir al cierre durante un período determinado. Las garantías fundamentales, como autoridad, titularidad o impuestos, a veces reciben un plazo distinto o sobreviven hasta el vencimiento de los plazos legales relevantes. No existe un período uniforme para todo Estados Unidos.

Debe distinguirse entre el período contractual de supervivencia y el plazo legal de prescripción. El primero determina durante cuánto tiempo pueden formularse reclamaciones contractuales según el acuerdo. El segundo limita el tiempo para acudir a los tribunales y puede estar sujeto a reglas estatales sobre suspensión, descubrimiento del daño, fraude o reconocimiento de la deuda.

Una cláusula que obliga a notificar la reclamación antes del vencimiento del período de supervivencia puede exigir también que la notificación describa razonablemente los hechos y el importe estimado. Las consecuencias de una notificación incompleta no son idénticas en todos los estados.

Sandbagging y conocimiento previo del comprador

Una disputa recurrente aparece cuando el comprador descubre antes del cierre que una declaración es falsa, pero cierra la operación y reclama después. El tratamiento depende del contrato y de la jurisdicción.

Una cláusula pro-sandbagging permite, en términos generales, reclamar aunque el comprador conociera el incumplimiento antes del cierre, salvo que el acuerdo disponga otra cosa. Una cláusula anti-sandbagging limita o excluye la reclamación cuando el comprador tenía conocimiento previo. Algunos contratos guardan silencio, lo que puede generar litigios sobre buena fe, renuncia, modificación, integración contractual y finalidad de las garantías.

La diligencia debida no sustituye necesariamente a las declaraciones contractuales. Sin embargo, la información conocida por el comprador puede influir en la existencia de confianza razonable, en la interpretación de los anexos y en la aplicación de las cláusulas de conocimiento o exclusión. La redacción debe indicar expresamente si la información del proceso de diligencia modifica las garantías o si solo sirve para que el comprador evalúe la operación.

Relación con las cláusulas de integración y no reliance

Una cláusula de integración declara que el contrato contiene el acuerdo completo y sustituye negociaciones, promesas o comunicaciones anteriores. Las cláusulas de non-reliance intentan precisar que la parte no se basó en afirmaciones externas al contrato.

Su alcance no es automático. Los tribunales pueden distinguir entre una reclamación por incumplimiento de una garantía escrita y una reclamación por fraude basada en una afirmación extracontractual. En algunas jurisdicciones, una cláusula cuidadosamente redactada puede limitar las reclamaciones basadas en declaraciones fuera del contrato; en otras, no puede excluir responsabilidad por fraude intencional o por conductas que la ley considera inderogables.

Para reducir incertidumbre, el contrato debe identificar qué declaraciones constituyen las garantías relevantes, qué documentos quedan incorporados, qué información se excluye y si las partes renuncian a reclamaciones basadas en afirmaciones ajenas al texto contractual.

Insolvencia y capacidad de cobro

La existencia de una garantía o de una indemnización no asegura por sí sola el cobro. Si la parte responsable entra en un procedimiento de quiebra federal, la reclamación puede convertirse en una deuda sujeta a las reglas de clasificación, presentación y distribución previstas por el Bankruptcy Code. La posibilidad de compensar créditos, ejecutar garantías, continuar un litigio o cobrar de un seguro puede quedar afectada por la suspensión automática y por las órdenes del tribunal de quiebras.

En operaciones con riesgo financiero, pueden negociarse retenciones del precio, cuentas de garantía, seguros de declaraciones y garantías de la matriz o de los accionistas. La disponibilidad y estructura de estas protecciones dependen del contrato, de la solvencia del obligado, de las condiciones del seguro y de las normas aplicables a la insolvencia.

Revisión práctica antes de firmar

La revisión debe concentrarse en la correspondencia entre cada declaración y el riesgo que se pretende asignar. Conviene comprobar especialmente:

• la ley aplicable y el foro elegido;
• la fecha o fechas en que las declaraciones deben ser ciertas;
• los calificadores de materialidad y conocimiento;
• el contenido y alcance de los anexos de revelación;
• la definición de pérdidas indemnizables;
• los límites económicos, franquicias y umbrales;
• las exclusiones por conocimiento previo o información revelada;
• el período de supervivencia y la prescripción aplicable;
• los procedimientos de notificación y defensa;
• las cláusulas de integración, no reliance y limitación de responsabilidad;
• y las protecciones de cobro si existe riesgo de insolvencia.

En una compraventa de bienes, también debe analizarse si el contrato excluye garantías implícitas reconocidas por el UCC y si la exclusión está redactada de forma compatible con el estado correspondiente. En servicios o adquisiciones corporativas, la atención suele desplazarse hacia la interpretación del contrato, los precedentes estatales y la relación entre declaraciones, indemnización y fraude.