Omisión de diagnóstico en Costa Rica

La omisión de diagnóstico en Costa Rica puede generar responsabilidad legal cuando un profesional o un centro de salud no identifica, no investiga o no comunica oportunamente una enfermedad que, según las circunstancias del caso, razonablemente debía ser considerada. No todo diagnóstico equivocado constituye negligencia: para reclamar normalmente es necesario demostrar una actuación apartada de la atención médica exigible, un daño y una relación causal entre esa actuación y el perjuicio sufrido.

Qué significa una omisión de diagnóstico

Existe omisión de diagnóstico cuando el personal médico deja de realizar una valoración, prueba, referencia, seguimiento o comunicación clínicamente razonable frente a los síntomas y antecedentes de la persona atendida. También puede presentarse cuando se detecta una señal de alarma, pero no se actúa con la diligencia necesaria.

Algunos supuestos frecuentes son:

• No ordenar exámenes que resultaban razonables ante los síntomas presentados.
• No interpretar adecuadamente resultados que ya estaban disponibles.
• No considerar un diagnóstico diferencial importante.
• No referir a la persona a una especialidad o a un servicio de urgencias cuando existían signos de riesgo.
• No dar seguimiento a resultados anormales o no informar al paciente sobre ellos.
• Atribuir síntomas persistentes a una causa menor sin revisar la evolución del cuadro.
• Registrar de forma incompleta la historia clínica, los signos vitales, los antecedentes o las instrucciones dadas.

La valoración jurídica no se hace únicamente con base en el diagnóstico final. Se examina qué información tenía el profesional en cada momento, qué síntomas presentaba la persona, qué medios estaban disponibles, cuál era la urgencia y qué conducta podía esperarse de un profesional competente en condiciones semejantes.

Marco legal aplicable en Costa Rica

La atención sanitaria en Costa Rica está sujeta a normas de protección de la salud, derechos de las personas usuarias, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa y, en determinados casos, responsabilidad penal.

• La Ley General de Salud, Ley n.° 5395, establece deberes y reglas generales relacionados con la protección de la salud y el ejercicio de actividades sanitarias.
• La Ley n.° 8239, Ley de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud Públicos y Privados, reconoce derechos vinculados con la información, el trato digno, la confidencialidad, el acceso a la atención y la posibilidad de presentar inconformidades.
• El Código Civil puede servir de base para reclamaciones de daños y perjuicios cuando una conducta negligente causa un daño indemnizable.
• Cuando la atención se presta en un hospital o servicio público, pueden resultar aplicables las reglas de responsabilidad de la Administración Pública y la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de otras vías.
• El Código Penal contempla figuras culposas relacionadas con lesiones o muerte, pero la existencia de un error médico no implica automáticamente la comisión de un delito.

La competencia y el procedimiento dependen de quién prestó el servicio, dónde ocurrió el hecho, la naturaleza del daño y el tipo de reparación que se busca. Una atención recibida en la Caja Costarricense de Seguro Social no se tramita exactamente igual que una consulta privada, aunque en ambos casos puede ser necesario analizar la actuación médica y la relación causal.

Cuándo puede existir responsabilidad por negligencia

Una reclamación suele tener mayor fundamento cuando se reúnen varios elementos:

1. Existencia de un deber de atención: debe acreditarse que existía una relación asistencial entre la persona y el profesional, clínica, hospital o institución.
2. Incumplimiento del estándar de cuidado: la actuación u omisión debe apartarse de lo que razonablemente habría hecho un profesional competente ante circunstancias similares.
3. Daño: debe existir una lesión, agravamiento, pérdida de oportunidad terapéutica, incapacidad, afectación emocional acreditable, gasto o fallecimiento, según corresponda.
4. Relación causal: debe demostrarse que la omisión contribuyó al daño. No basta con probar que el diagnóstico fue tardío.
5. Ausencia de una explicación suficiente alternativa: la parte reclamante debe enfrentar posibles causas distintas, como la evolución inevitable de la enfermedad, la falta de información proporcionada por el paciente o la imposibilidad razonable de detectarla en ese momento.

La medicina no garantiza siempre la curación ni la identificación inmediata de todas las enfermedades. Un diagnóstico difícil, una enfermedad atípica o un resultado inicialmente no concluyente no son, por sí solos, prueba de negligencia.

Diferencia entre omisión de diagnóstico, diagnóstico equivocado y complicación

Estas categorías pueden coincidir. Por ejemplo, una omisión inicial puede provocar un diagnóstico tardío y, posteriormente, un tratamiento menos eficaz. La reclamación debe describir la secuencia completa, no solo el momento en que finalmente se descubrió la enfermedad.

La importancia de la causalidad y de la pérdida de oportunidad

Uno de los puntos más difíciles es demostrar qué habría ocurrido si el diagnóstico se hubiera realizado oportunamente. Puede ser necesario establecer que un examen, referencia o tratamiento temprano habría aumentado de manera relevante las posibilidades de curación, supervivencia, control de la enfermedad o reducción de las secuelas.

La discusión no siempre consiste en afirmar que la atención correcta habría garantizado la curación. En ciertos casos se analiza si la omisión eliminó o redujo una posibilidad real de obtener un resultado mejor. La fuerza de este argumento depende de la evidencia médica, de la naturaleza de la enfermedad, del momento en que se pudo detectar y de la evolución concreta de la persona.

Los informes médicos posteriores pueden ser útiles, pero conviene que expliquen con claridad:

• Qué síntomas estaban presentes y desde cuándo.
• Qué pruebas eran razonables en la fecha de la atención.
• Qué resultado habría permitido detectar la enfermedad.
• En qué momento se produjo el agravamiento.
• Qué tratamiento habría sido posible con un diagnóstico más temprano.
• Qué secuelas o gastos se relacionan con el retraso y cuáles obedecen a la enfermedad misma.

Prueba necesaria para respaldar el reclamo

La prueba suele ser principalmente documental y pericial. La historia clínica resulta central porque permite reconstruir las consultas, síntomas, diagnósticos, resultados, referencias e indicaciones entregadas.

La persona usuaria puede solicitar acceso a la información de su expediente conforme a las reglas aplicables al servicio de salud y a la protección de datos personales. Si se trata de información de una persona fallecida o de documentación que contiene datos de terceros, pueden existir restricciones y requisitos adicionales.

Qué hacer después de advertir un posible diagnóstico omitido

La prioridad es médica. Si persisten síntomas, aparecen señales de alarma o existe un diagnóstico grave, debe buscarse atención sanitaria sin esperar a completar una reclamación. La obtención de una segunda valoración puede ser importante para proteger la salud y dejar constancia de la evolución.

En el plano probatorio y administrativo, conviene:

• Solicitar copia o acceso al expediente clínico, resultados y referencias.
• Conservar recetas, incapacidades, comprobantes de pago, mensajes y documentos entregados por el centro de salud.
• Redactar una cronología con fechas aproximadas, síntomas, consultas, respuestas recibidas y cambios en el estado de salud.
• Pedir que las observaciones relevantes queden registradas en la atención médica.
• Evitar alterar, rayar o escribir sobre los documentos originales.
• Solicitar una valoración médica independiente, preferiblemente de la especialidad relacionada con la enfermedad.
• Consultar pronto con un abogado que revise la vía adecuada y los plazos aplicables.

Una queja ante la Contraloría de Servicios de la institución puede servir para investigar la calidad de la atención o documentar una inconformidad. También pueden existir mecanismos internos de la CCSS, procedimientos ante autoridades sanitarias u otras instancias según la naturaleza del reclamo. Una queja administrativa no necesariamente sustituye una demanda de daños, una denuncia penal o una gestión disciplinaria.

Atención pública y atención privada

Servicios de la CCSS u otros servicios públicos

Cuando la atención se brinda dentro de un servicio público, deben identificarse la institución responsable, el funcionario o equipo interviniente y el tipo de daño reclamado. La responsabilidad institucional puede analizarse bajo reglas propias de la Administración Pública. La reclamación puede requerir una gestión administrativa previa o tramitarse ante la jurisdicción correspondiente, dependiendo de la pretensión.

La existencia de una relación laboral con la institución no significa automáticamente que el profesional sea personalmente responsable de todo resultado adverso. También debe determinarse si hubo una falla individual, una deficiencia del servicio, problemas de organización, falta de recursos, ausencia de seguimiento o una combinación de factores.

Hospitales, clínicas y profesionales privados

En la atención privada pueden intervenir varias relaciones jurídicas: la del paciente con el médico, la del paciente con la clínica u hospital y, en ciertos casos, la de la aseguradora o entidad que coordinó el servicio. Debe revisarse quién contrató la atención, quién emitió las órdenes, quién tenía el deber de seguimiento y qué documentos se firmaron.

Una cláusula general de consentimiento informado no suele eliminar por sí sola la responsabilidad por una atención negligente. El consentimiento acredita que se aceptaron ciertos riesgos o procedimientos, pero no convierte en aceptable la falta de valoración, seguimiento o información que razonablemente debía prestarse.

Posibles vías de actuación

• Reclamo administrativo: permite pedir investigación sobre la atención recibida y puede ser útil para obtener una respuesta institucional. Su alcance y efectos dependen de la entidad involucrada.
• Reclamación civil o contencioso-administrativa: busca, según el caso, indemnización por daños patrimoniales y extrapatrimoniales. La vía depende de si el responsable es un particular, una empresa privada o una entidad pública.
• Denuncia penal: procede valorar esta opción cuando el hecho podría constituir una conducta culposa con lesiones graves o muerte. La investigación corresponde a las autoridades competentes y exige un análisis distinto al de una indemnización civil.
• Gestión disciplinaria o profesional: puede plantearse ante la instancia competente cuando se considera que existió incumplimiento de deberes profesionales. La sanción disciplinaria no equivale necesariamente a una indemnización.

Es posible que un mismo hecho dé lugar a más de una actuación, pero cada procedimiento tiene requisitos, objetivos y consecuencias diferentes. Presentar una queja no siempre interrumpe los plazos de una demanda, y una denuncia penal tampoco debe asumirse como sustituto automático de la reclamación indemnizatoria.

Plazos y prescripción

Los plazos son especialmente delicados. No existe un único plazo aplicable a todos los casos de omisión de diagnóstico en Costa Rica. La duración y el momento inicial pueden variar según se trate de una pretensión civil, una reclamación contra una institución pública, una acción penal, una gestión disciplinaria o un reclamo relacionado con seguros.

También pueden influir la fecha del daño, el momento en que se conoció la omisión, la continuidad del tratamiento, la minoría de edad, el fallecimiento de la persona afectada, actuaciones administrativas previas y las reglas sobre interrupción o suspensión. Por esa razón, no es prudente esperar a que se complete una investigación interna para consultar el cómputo de la prescripción.

La revisión profesional debe hacerse con documentos y fechas concretas. Una cronología aproximada puede ser insuficiente si existen varias consultas o si el perjuicio se manifestó tiempo después del primer diagnóstico.

Daños que podrían reclamarse

Si se demuestra la responsabilidad, pueden discutirse distintas categorías de perjuicio, siempre sujetas a prueba y a las reglas de la vía utilizada:

• Gastos médicos, medicamentos, exámenes, rehabilitación y cuidados.
• Gastos de transporte, asistencia y adaptaciones necesarias.
• Pérdida de ingresos o afectación de la capacidad laboral.
• Necesidades futuras de tratamiento o apoyo, cuando estén médicamente justificadas.
• Dolor, sufrimiento, afectación emocional y consecuencias en la vida personal.
• Daño derivado de incapacidad permanente o fallecimiento, según las personas legitimadas y las reglas aplicables.

La cuantificación no se obtiene únicamente sumando facturas. Puede requerir informes médicos, comprobantes de ingresos, dictámenes sobre incapacidad, prueba de gastos futuros y análisis de las condiciones personales de la víctima.

Problemas frecuentes en estos casos

• Confundir un resultado desfavorable con negligencia: una complicación o una enfermedad agresiva puede producir un daño aun con atención adecuada.
• Demostrar el error, pero no el daño adicional: es necesario separar el perjuicio causado por el retraso del que habría ocurrido de todas formas.
• Expediente incompleto: la ausencia de una anotación no siempre prueba que una actuación no ocurrió, aunque puede dificultar la defensa del prestador.
• Falta de seguimiento: una prueba correctamente ordenada puede no ser suficiente si nadie revisó el resultado ni comunicó las medidas necesarias.
• Varias instituciones involucradas: cuando hubo consultas en distintos centros, debe reconstruirse quién recibió cada información y qué deber tenía.
• Demora en actuar: los plazos legales pueden avanzar mientras la persona intenta resolver el problema directamente con el hospital o la clínica.

Cuándo conviene una valoración jurídica y médica conjunta

La consulta especializada resulta particularmente importante si hubo cáncer, infección grave, infarto, accidente cerebrovascular, embarazo de riesgo, enfermedad neurológica, lesión permanente, amputación, fallecimiento o una diferencia significativa entre los síntomas iniciales y el diagnóstico final.

El análisis suele requerir revisar el expediente completo, obtener una opinión médica independiente y definir quién podría responder. También debe establecerse qué pretensión se busca: explicación, corrección del expediente, investigación institucional, sanción profesional, indemnización o denuncia penal. La estrategia y los documentos necesarios cambian según ese objetivo.