Notificación previa al embargo en Estados Unidos: qué avisos debe recibir el deudor

En Estados Unidos, el embargo puede referirse a varias medidas distintas: la retención de parte del salario, el bloqueo o retiro de fondos de una cuenta bancaria, la incautación de bienes o la ejecución sobre determinados activos. No existe un único aviso nacional aplicable a todos los casos. La notificación que debe recibir el deudor depende de quién reclama la deuda, del tipo de embargo, de si ya existe una sentencia y de la ley del estado correspondiente.

Notificación previa al embargo en Estados Unidos: qué avisos debe recibir el deudor

Como regla general, un acreedor privado que pretende embargar bienes por una deuda de consumo suele necesitar primero una sentencia judicial o una orden emitida en un procedimiento legal. Antes de esa resolución, normalmente debe notificarse al demandado la demanda y darle una oportunidad razonable para responder. Sin embargo, existen excepciones importantes para organismos públicos y determinadas deudas, que pueden cobrarse mediante procedimientos administrativos.

Qué significa jurídicamente un embargo

En el lenguaje jurídico estadounidense se utilizan varios términos que en español pueden traducirse como embargo:

• Wage garnishment: retención de parte del salario por orden judicial o administrativa.
• Bank levy: bloqueo o toma de fondos depositados en una cuenta bancaria.
• Property levy: incautación o venta de determinados bienes para satisfacer una deuda.
• Attachment: medida para asegurar bienes durante un litigio, que puede producirse antes o después de una sentencia y está sujeta a requisitos específicos.
• Execution: ejecución de una sentencia mediante la intervención del sheriff, marshal u otra autoridad autorizada.

El embargo no transforma automáticamente toda la propiedad del deudor en dinero disponible para el acreedor. Existen exenciones federales y estatales que pueden proteger determinados ingresos, bienes o cantidades mínimas. La protección y el procedimiento para reclamarla varían considerablemente entre estados.

Deudas privadas: demanda, sentencia y aviso de ejecución

Cuando la deuda pertenece a un banco, una compañía de tarjetas, un proveedor médico, una empresa de financiación o un comprador de deudas, el acreedor generalmente debe presentar una demanda si quiere utilizar un embargo judicial. El deudor debe recibir una notificación formal de la demanda, normalmente mediante service of process, conforme a las normas del estado.

La notificación de la demanda no es lo mismo que una notificación de embargo. El primer documento informa de que existe un litigio y permite presentar una respuesta o comparecer ante el tribunal. Si el deudor no responde, el acreedor puede solicitar un default judgment, es decir, una sentencia en rebeldía. Con una sentencia favorable, el acreedor puede pedir medidas de ejecución autorizadas por la ley estatal.

Antes de retener salarios o fondos bancarios, puede llegar alguno de estos documentos:

• Una solicitud o aviso de writ of garnishment, dirigido al empleador o a la entidad financiera.
• Una orden de ejecución o writ of execution.
• Un aviso del sheriff, marshal, tribunal o autoridad encargada de ejecutar la sentencia.
• Un formulario para reclamar exenciones, a menudo denominado claim of exemption, exemption claim o con una denominación equivalente.

El contenido y el momento de estos avisos dependen del estado y, en ocasiones, del condado. Algunos estados exigen que el deudor sea informado antes de que el banco congele los fondos; otros permiten que la entidad financiera reciba primero la orden y que el deudor sea notificado inmediatamente después. También puede haber un plazo corto para oponerse o reclamar que el dinero está protegido.

La notificación de validación de la deuda no es una orden de embargo

La Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) obliga, con ciertas excepciones, a los cobradores de deudas sujetos a esa ley a proporcionar información de validación de la deuda. Esa información suele incluir el importe reclamado, el nombre del acreedor y los derechos del consumidor para disputar la deuda.

La comunicación de validación puede enviarse al inicio de las gestiones de cobro y, en determinadas circunstancias, dentro de los cinco días siguientes al primer contacto. No obstante, no es una notificación de que ya exista un embargo ni autoriza por sí misma a retirar dinero de una cuenta o del salario. Un cobrador tampoco puede afirmar legalmente que va a embargar bienes si no tiene derecho a hacerlo o si no pretende utilizar el procedimiento legal correspondiente.

Si la persona disputa la deuda por escrito dentro del plazo aplicable a la notificación de validación, el cobrador debe seguir las reglas federales sobre verificación y comunicaciones, aunque la disputa no siempre detiene todos los procedimientos judiciales ya iniciados. La FDCPA tampoco sustituye las normas estatales sobre notificación de una demanda o ejecución de sentencia.

Embargo de salario por una deuda de consumo

Para una deuda privada ordinaria, como una tarjeta de crédito o una factura médica, el embargo salarial suele requerir una sentencia. El empleador recibe la orden y retiene la cantidad indicada en cada nómina. El trabajador debe recibir la documentación y las instrucciones previstas por la ley estatal, aunque el momento exacto de la notificación cambia según la jurisdicción.

La Consumer Credit Protection Act, en particular el Título III, limita la cantidad que puede retenerse del salario disponible para la mayoría de las deudas. Como regla federal general, el límite suele ser el menor de:

• El 25 % de los ingresos disponibles semanales; o
• La cantidad que exceda de 30 veces el salario mínimo federal semanal.

Existen reglas diferentes para manutención de hijos, pensión alimenticia, impuestos federales, determinados préstamos estudiantiles y otras obligaciones. algunos estados ofrecen protecciones más amplias que las federales. El límite federal no significa que todo embargo sea válido: la orden debe proceder de una autoridad competente y respetar los requisitos de notificación y oposición.

Embargo de una cuenta bancaria

En un bank levy, el banco recibe una orden y revisa las cuentas identificadas. Puede congelar fondos hasta el importe autorizado, más cantidades permitidas por intereses o costes. La entidad financiera suele enviar posteriormente un aviso indicando que existe una retención, el importe afectado y el procedimiento para reclamar fondos protegidos.

El dinero no siempre se entrega inmediatamente al acreedor. En muchos estados existe un periodo para que el titular de la cuenta presente una objeción o solicite una audiencia. Durante ese tiempo, los fondos pueden permanecer bloqueados. El plazo puede ser breve y comenzar desde la entrega del aviso, desde la recepción del formulario o desde otro acontecimiento definido por la ley local.

La cuenta puede contener fondos exentos, como ciertos beneficios públicos, pensiones o ingresos protegidos por ley. El análisis se complica cuando el dinero se mezcla con otros depósitos, se transfiere entre cuentas o se retira después de recibir el aviso. La persona afectada debe conservar estados bancarios y documentos que permitan demostrar el origen del dinero.

Embargos por impuestos federales

El Internal Revenue Service (IRS) puede utilizar procedimientos administrativos para cobrar impuestos federales sin obtener primero una sentencia judicial ordinaria. Antes de aplicar un levy, normalmente deben haberse producido varias comunicaciones:

• Una evaluación formal del impuesto y una demanda de pago.
• Un aviso de impago y de posibles medidas de cobro.
• Un Final Notice of Intent to Levy and Notice of Your Right to a Hearing, que informa de la intención de embargar y del derecho a solicitar una audiencia.

En términos generales, el IRS debe enviar el aviso final al menos 30 días antes de realizar el primer embargo, salvo excepciones legales, como ciertas situaciones de riesgo para la recaudación. El contribuyente puede solicitar un procedimiento de Collection Due Process dentro del plazo indicado. La solicitud puede permitir discutir la deuda, proponer una alternativa de pago o cuestionar la legalidad de la medida.

Un embargo bancario federal y una retención salarial federal no funcionan exactamente igual. En una cuenta bancaria, el banco normalmente mantiene los fondos durante un periodo federal específico antes de entregarlos al IRS; ese periodo no debe confundirse con el plazo de 30 días del aviso final. Las reglas pueden cambiar si se trata de un levy posterior, una cuenta conjunta, una cantidad exenta o una actuación urgente autorizada por la ley.

Impuestos estatales y locales

Los departamentos estatales de ingresos, los condados y algunas autoridades locales pueden embargar salarios, cuentas u otros bienes para cobrar impuestos. No hay un formulario ni un plazo nacional único. El aviso puede consistir en una demanda de pago, una notificación de intención de embargo, una orden administrativa o instrucciones sobre cómo solicitar una audiencia.

La validez de la medida puede depender de que el contribuyente haya recibido correctamente las liquidaciones, avisos de impago y oportunidades de revisión administrativa. Si la dirección estaba desactualizada, el aviso fue enviado a un domicilio incorrecto o la deuda ya se pagó, conviene reunir pruebas antes de que se transfieran los fondos.

Préstamos estudiantiles federales

Para determinados préstamos estudiantiles federales en mora, el Departamento de Educación puede iniciar un administrative wage garnishment sin obtener una sentencia judicial. Antes de comenzar, normalmente debe enviarse un aviso escrito con información sobre el importe, la intención de retener salarios y el derecho a solicitar una audiencia.

La normativa federal suele prever un aviso previo de al menos 30 días antes del inicio de la retención, junto con opciones para pedir una audiencia, establecer un acuerdo, demostrar que la deuda no pertenece al trabajador o acreditar determinadas dificultades. Los detalles pueden depender del estado, del empleador y del tipo de préstamo. Los préstamos privados, en cambio, generalmente requieren que el prestamista demande y obtenga una sentencia antes de solicitar un embargo salarial.

Manutención de hijos y otras obligaciones familiares

Las órdenes de child support y, en ciertos casos, de pensión alimenticia pueden ejecutarse mediante retenciones salariales administrativas. Estas medidas pueden comenzar sin una nueva demanda por cada impago, porque normalmente existe una orden familiar previa y un sistema estatal de ejecución.

El obligado suele recibir avisos sobre la deuda atrasada, la cantidad de la retención, la agencia que la aplica y el derecho a solicitar una revisión o impugnar el cálculo. Los límites de retención pueden ser superiores a los aplicables a deudas de consumo. También pueden existir interceptaciones de reembolsos fiscales, suspensión de licencias y otras medidas, cada una con sus propias comunicaciones.

Qué debe revisar el deudor al recibir un aviso

También conviene comprobar si la deuda ya fue pagada, si la sentencia pertenece realmente al deudor, si el acreedor respetó la notificación de la demanda y si el importe incluye cargos no autorizados. Un aviso recibido por correo no debe ignorarse aunque parezca incompleto: el plazo para reaccionar puede comenzar con su entrega o envío conforme a la normativa aplicable.

Fondos e ingresos que pueden estar protegidos

La protección depende del origen del dinero y de la ley invocada para cobrar. Ciertos beneficios federales, como pagos de Seguridad Social, pueden estar protegidos frente a muchos acreedores privados, aunque existen excepciones para impuestos, manutención y algunas deudas federales. Las reglas bancarias federales pueden exigir que la entidad revise automáticamente determinados depósitos directos y deje disponible una cantidad protegida; esa protección no cubre necesariamente todos los fondos de la cuenta.

Otros ingresos potencialmente protegidos incluyen determinadas pensiones, prestaciones por discapacidad, compensación laboral, desempleo y asistencia pública. Las exenciones estatales pueden proteger además un vehículo de cierto valor, bienes domésticos, herramientas de trabajo o una parte del salario. La protección no siempre se aplica automáticamente. En muchos lugares hay que presentar un formulario, acudir a una audiencia o demostrar documentalmente el origen de los fondos.

Errores frecuentes en la notificación y en la ejecución

• No haber recibido la demanda: una sentencia en rebeldía puede impugnarse si la notificación fue defectuosa, aunque existen plazos y requisitos concretos.
• Importe incorrecto: pagos, acuerdos, quiebras o disputas anteriores pueden no haberse reflejado en la orden.
• Cuenta con fondos exentos: el banco o el acreedor puede no identificar correctamente el origen protegido del dinero.
• Embargo superior al permitido: puede existir un error de cálculo o una aplicación incorrecta de los límites federales o estatales.
• Deuda prescrita o atribuida a otra persona: la prescripción no siempre elimina la deuda automáticamente, pero puede ser una defensa frente a la demanda o la ejecución.
• Orden emitida contra la persona equivocada: los errores de identidad deben comunicarse de inmediato a la autoridad y a la entidad que retiene los fondos.

Qué opciones existen después de recibir el aviso

La respuesta adecuada depende del tipo de medida. Puede ser posible presentar una reclamación de exención, solicitar una audiencia, oponerse a la cantidad, pedir una modificación del embargo, negociar un acuerdo o impugnar la sentencia. En asuntos tributarios puede haber procedimientos administrativos específicos; en deudas privadas, normalmente la oposición se presenta ante el tribunal que emitió la orden.

Si ya existe una quiebra, la automatic stay suele detener muchas acciones de cobro, incluidos determinados embargos, desde el momento en que se presenta el caso. Hay excepciones importantes, especialmente para manutención de hijos, ciertos impuestos y otras obligaciones. El deudor debe informar al tribunal de quiebras y a las entidades implicadas, porque una orden ya enviada al empleador o al banco no siempre se detiene por sí sola de manera inmediata.

Guardar la demanda, la sentencia, los avisos, los sobres, los estados de cuenta y los comprobantes de ingresos permite determinar si se respetaron las garantías procesales. La ley del estado donde se encuentra el tribunal, el empleador, la cuenta bancaria o el bien puede ser decisiva, por lo que no debe asumirse que un plazo o una exención aplicable en un estado funciona igual en otro.