Dispositivos duales en Argentina: cuándo se aplican y cómo funcionan

En Argentina se emplea, en algunas experiencias y programas, el término "dispositivo dual" para describir la combinación de herramientas tecnológicas y judiciales destinadas a proteger a una persona víctima de violencia de género o familiar: típicamente un mecanismo de alerta o seguimiento para la persona agredida (botón de pánico, app de geolocalización) junto con una medida de control sobre la persona imputada (pulsera electrónica, georrestricción o seguimiento judicial). La forma concreta de implementación y su alcance dependen de normas y políticas provinciales, recursos locales y decisiones judiciales.

Qué significa jurídicamente

Desde el punto de vista jurídico, hablar de un dispositivo dual remite a dos tipos de intervenciones que suelen complementarse:

• Medidas de protección y prevención para la víctima: otorgamiento de alarmas personales, sistemas de comunicación directa con fuerzas de seguridad o equipos de respuesta y, en algunos casos, aplicaciones móviles de alerta.
• Medidas de control sobre la presunta persona agresora: seguimiento electrónico, órdenes de prohibición de acercamiento con georrestricción o monitoreo por parte de autoridades competentes.

Ambas intervenciones requieren, en términos prácticos, una orden o decisión judicial o un procedimiento administrativo que las avale; no son recursos automáticos y su disponibilidad y modalidad dependen del distrito y del nivel de riesgo que se detecte.

Marco legal aplicable en Argentina

• Ley 26.485 (protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres): establece la obligación del Estado de garantizar medidas de protección y políticas públicas. No regula en detalle tecnologías particulares, pero sienta el principio de protección integral.
• Derecho penal y procesal penal: las medidas cautelares y las restricciones de acercamiento se dictan en el marco de una investigación penal o en procedimientos especiales previstos por la legislación de violencia; el incumplimiento de esas medidas puede derivar en sanciones penales o detención.
• Normativa provincial y municipal: muchas provincias y municipios cuentan con programas o protocolos específicos (evaluación de riesgo, botón de alerta, coordinación policial), por lo que la implementación práctica varía en forma significativa.
• Protección de datos personales: el uso de geolocalización y registro de eventos implica tratamiento de datos personales susceptible de regulación por la Ley de Protección de Datos (Ley 25.326) y normativas complementarias.

Cuándo suelen aplicarse

Los dispositivos duales o sus componentes se consideran cuando existe un riesgo actual o inminente para la integridad física, psicológica o sexual de la víctima y se busca una respuesta que combine protección inmediata y control del agresor. Supuestos habituales:

• Denuncia por violencia de género o familiar con indicios de riesgo de repetición o agravamiento.
• Órdenes de restricción de acercamiento dictadas por jueces penales, de familia o de violencia; el dispositivo puede proponerse como medida complementaria.
• Casos con antecedentes de incumplimiento de medidas proteccionales, donde se busca mayor control del agresor.
• Situaciones de riesgo elevado detectadas por equipos interdisciplinarios (salud, seguridad, asistencia social) que aconsejan intervención tecnológica como soporte.

Requisitos y condiciones habituales

No existe un único trámite nacional y las condiciones pueden variar. Sin embargo, hay requisitos y criterios recurrentes que suelen evaluarse antes de autorizar dispositivos:

• Existencia de una orden judicial o decisión administrativa motivada: en la mayoría de los casos, se requiere una resolución que habilite la medida.
• Evaluación de riesgo: valoración multidisciplinaria sobre la probabilidad de daño y su gravedad.
• Disponibilidad técnica y logística: cobertura de telecomunicaciones, equipos compatibles, personal de monitoreo y respuesta.
• Consentimiento y capacitación de la persona protegida: explicación sobre uso, limitaciones y protocolos de respuesta; aunque en situaciones de urgencia se adoptan medidas sin demoras administrativas.
• Garantías de privacidad y uso de datos: definición de quién accede a los datos, plazos de conservación y finalidad.

Comparativa práctica: medidas relacionadas

Problemas frecuentes y riesgos prácticos

• Falsa sensación de seguridad: la tecnología puede reducir el riesgo pero no eliminarlo; es importante un plan de protección integral.
• Fallas técnicas: pérdida de señal, batería descargada, manipulación del equipo o errores de geolocalización.
• Brechas en la respuesta institucional: alertas que no son atendidas con rapidez por falta de personal, coordinación o protocolos claros.
• Desigual acceso: programas limitados a ciertas jurisdicciones o sujetos por falta de presupuesto.
• Vulneraciones de privacidad: uso indebido de datos de localización o conservación excesiva de información.
• Riesgo de revictimización: cuando la instalación del dispositivo se realiza sin acompañamiento psicosocial o en forma estigmatizante.

Cómo suele abordarse judicial y administrativamente

La práctica común incluye los siguientes elementos, con variaciones según la jurisdicción:

• Solicitar la medida: la víctima, su representante legal, el fiscal o el juez pueden pedir la inclusión de un dispositivo como parte de medidas cautelares o de protección.
• Evaluación interdisciplinaria: equipos técnicos (psicología, trabajo social, seguridad) evalúan riesgo y necesidades.
• Instrumentación técnica y formación: el organismo responsable coordina la entrega, instalación y capacitación para su uso, además de definir quién recibe alertas y cómo se actúa.
• Seguimiento judicial: las medidas suelen revisarse en audiencias y pueden modificarse según evolución del riesgo o del proceso penal.

Qué hacer si el dispositivo falla o la medida se incumple

• Ante una situación de peligro inminente, solicitar intervención inmediata a fuerzas de seguridad por los canales de emergencia.
• Informar a la autoridad que administra el dispositivo y dejar constancia por escrito del fallo o de la falta de respuesta.
• Denunciar el incumplimiento de la medida judicial ante el juez o fiscal a cargo; pedir constancia y medidas urgentes de refuerzo.
• Solicitar revisión de la medida y adopción de medidas alternativas o complementarias (cambio de dispositivo, custodia policial, traslado, etc.).

Aspectos técnico-jurídicos relevantes

• Responsabilidad y cadena de custodia: debe quedar claro quién opera los sistemas, quién conserva los registros y con qué finalidad, para posibilitar su uso probatorio.
• Prueba de incumplimiento: registros de geolocalización o alertas pueden incorporarse como prueba en procesos penales o civiles, siempre que su obtención respete garantías procesales y de protección de datos.
• Proporcionalidad y necesidad: la imposición de medidas de control sobre la libertad individual del presunto agresor (p. ej. seguimiento electrónico) exige motivación concreta y proporcionalidad frente a la restricción de derechos.
• Protección de datos: la información sensible sobre la víctima y su ubicación debe tratarse con criterios de minimización, seguridad y plazos limitados de conservación.

Pasos prácticos para solicitar y gestionar un dispositivo dual

• Presentar denuncia ante la autoridad competente: fiscalía, policía especializada o unidad de violencia de la provincia o municipio.
• Solicitar medidas de protección y explicar la necesidad de dispositivos tecnológicos como complemento de la orden de restricción.
• Requerir evaluación de riesgo por equipos interdisciplinarios y pedir que el resultado se plasme en el expediente.
• Requerir formalmente la instalación y capacitación para el uso del botón o app, y solicitar protocolos de respuesta escritos.
• Solicitar constancias de las comunicaciones, fallos técnicos y acciones tomadas ante cualquier incidencia.

Consejos prácticos para víctimas, abogados y operadores

• Para víctimas: conocer las limitaciones del dispositivo; tener un plan de seguridad alternativo (personas de confianza, rutas, refugios); exigir información por escrito sobre funcionamiento y protocolos; conservar constancias de alertas y respuestas.
• Para abogados y referentes legales: pedir motivación clara al momento de solicitar medidas tecnológicas; documentar la evaluación de riesgo; requerir provisión de mantenimiento y respaldo técnico; considerar la protección de datos cuando se soliciten registros.
• Para operadores y autoridades: garantizar capacitación constante, protocolos de respuesta coordinados con fuerzas de seguridad y servicios de salud; prever contingencias técnicas; limitar la conservación de datos y garantizar accesos restringidos.

Variaciones jurisdiccionales y recomendaciones

La disponibilidad y la regulación de dispositivos duales dependen de la provincia o del municipio. Algunas jurisdicciones disponen de programas formales con criterios y equipamiento; otras resuelven caso por caso. Ante dudas sobre la normativa y los procedimientos locales, es prudente consultar a la fiscalía especializada, la defensoría pública, una organización de asistencia a víctimas o un abogado con experiencia en violencia de género en la jurisdicción correspondiente.