Denegación del Ingreso Mínimo Vital en España: reclamación previa y vía judicial

La denegación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) puede impugnarse en España mediante una reclamación previa a la vía judicial y, si no se estima, mediante una demanda ante los juzgados de lo social. El procedimiento exige revisar con precisión la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), identificar el requisito que se considera incumplido y aportar pruebas referidas al periodo relevante.

Qué significa que se deniegue el Ingreso Mínimo Vital

El IMV es una prestación económica de la Seguridad Social regulada principalmente en la Ley General de la Seguridad Social, tras su introducción por el Real Decreto-ley 20/2020. Su finalidad es garantizar un nivel mínimo de ingresos a personas solas o unidades de convivencia que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Una resolución denegatoria significa que el INSS considera que no se ha acreditado uno o varios requisitos legales. No siempre implica que la persona carezca de ingresos bajos. Puede deberse a que la Administración haya calculado de forma distinta la unidad de convivencia, haya utilizado datos fiscales de un ejercicio que no refleja la situación actual, haya apreciado una falta de residencia o haya entendido que existe un patrimonio superior al permitido.

La resolución debe indicar, al menos, la decisión adoptada y los motivos. También suele señalar los recursos que pueden interponerse y los plazos correspondientes. Conviene conservar la notificación completa, incluidos los anexos y la fecha exacta en que se recibió, porque esa fecha puede determinar el inicio del plazo para reclamar.

Motivos frecuentes de denegación

Los motivos concretos dependen de cada expediente. Entre los más habituales se encuentran los siguientes:

• Exceso de ingresos computables: las rentas de la persona solicitante o de la unidad de convivencia superan el límite correspondiente al número de miembros.
• Patrimonio o activos superiores al límite legal: se tienen en cuenta determinados bienes, derechos y activos, con las exclusiones previstas en la normativa.
• Composición incorrecta de la unidad de convivencia: la Administración no reconoce a determinadas personas como integrantes de la unidad o considera que existe otra unidad independiente.
• Falta de residencia legal y efectiva en España: por ausencia de autorización, falta de continuidad o insuficiente acreditación de la residencia.
• Incumplimiento de la edad, independencia o convivencia exigida: especialmente en solicitudes de personas jóvenes o que viven separadas de sus familiares.
• Datos fiscales no actualizados: el INSS puede utilizar información tributaria de un ejercicio anterior que no representa la disminución reciente de ingresos.
• Falta de documentación o requerimiento no atendido: no responder dentro del plazo concedido puede provocar que el expediente se resuelva con los datos disponibles.
• Incompatibilidades o duplicidades: por ejemplo, cuando se aprecia que ya existe una solicitud, prestación o unidad de convivencia incompatible con la pretensión.

La causa indicada en la resolución no debe analizarse de forma aislada. Es necesario comprobar qué periodo económico se ha utilizado, qué personas se han incluido, qué ingresos se han computado y si los datos administrativos coinciden con la realidad acreditable.

Requisitos que suelen ser relevantes

Los requisitos del IMV pueden variar según se trate de una persona individual o de una unidad de convivencia. las cuantías, límites de renta y condiciones concretas se actualizan periódicamente.

Los límites económicos no son iguales para todas las personas. Se determinan atendiendo, entre otros factores, al número de integrantes de la unidad de convivencia, a la existencia de menores y a determinadas situaciones familiares. Por eso no basta con comparar los ingresos con una cifra genérica encontrada en internet.

Plazo para presentar la reclamación previa

La impugnación de una resolución del INSS sobre el IMV debe plantearse, con carácter general, mediante reclamación previa a la vía jurisdiccional social. El plazo ordinario es de 30 días desde la notificación de la resolución expresa.

El cómputo debe realizarse conforme a las reglas procesales aplicables y atendiendo a la forma en que se practicó la notificación. Si la resolución se recibió por medios electrónicos, debe conservarse la constancia de puesta a disposición y acceso. Si llegó por correo u otro medio, debe guardarse el documento recibido y el sobre cuando resulte útil para acreditar la fecha.

La normativa del IMV establece un plazo máximo para resolver la solicitud. Cuando transcurre sin resolución expresa, opera normalmente el silencio administrativo desestimatorio a efectos de poder impugnar. El cálculo del plazo para reclamar en los supuestos de silencio puede presentar particularidades, por lo que resulta prudente revisar el expediente y no esperar a que transcurra un periodo adicional si ya es posible formular la reclamación.

Una reclamación presentada fuera de plazo puede ser inadmitida o desestimada sin que se examine correctamente el fondo. Si existen dudas sobre la fecha de notificación, el contenido de la resolución o el efecto del silencio, debe dejarse constancia de esas circunstancias y valorar asesoramiento jurídico.

Cómo se presenta la reclamación previa

La reclamación se dirige al INSS, como entidad gestora competente para reconocer y controlar el IMV. Puede presentarse por los canales administrativos habilitados en cada momento, incluida la vía electrónica cuando se disponga de identificación válida, o por los registros y medios admitidos legalmente.

El escrito debe permitir identificar sin dudas a la persona reclamante y al expediente. Es aconsejable incluir:

• Nombre, apellidos, documento de identidad y domicilio a efectos de notificaciones.
• Fecha de la resolución impugnada y número de expediente, si aparece en la notificación.
• Indicación expresa de que se presenta una reclamación previa a la vía jurisdiccional social.
• Motivo o motivos por los que se considera incorrecta la denegación.
• Relación ordenada de los documentos que se aportan.
• Petición concreta de que se deje sin efecto la denegación y se reconozca el derecho, si se cumplen los requisitos.
• Lugar, fecha y firma.

La reclamación no debe limitarse a afirmar que la persona necesita la prestación. Debe responder a la causa concreta de la denegación. Si el INSS ha computado como integrante a una persona que ya no convive en el domicilio, habrá que explicar la fecha y acreditar la separación. Si se han tenido en cuenta ingresos que ya no existen, será necesario aportar documentación sobre su finalización y, cuando proceda, sobre la situación económica actual.

Documentación y prueba

No existe una lista única válida para todos los casos. La documentación adecuada depende del motivo de la denegación y de la situación familiar. Pueden resultar relevantes los certificados de empadronamiento histórico y colectivo, documentos de identidad y residencia, libro de familia, certificados del registro civil, resoluciones de guarda o custodia, convenio regulador, sentencia de separación o divorcio, justificantes de ingresos y certificados bancarios.

También puede ser útil aportar documentación que explique una discrepancia entre los datos fiscales y la situación real: despido, finalización de contrato, baja de actividad, reducción de jornada, impago de salarios, pérdida de una prestación o cambio de domicilio. En estos supuestos debe diferenciarse entre la situación económica del ejercicio fiscal utilizado por la Administración y la situación de vulnerabilidad sobrevenida que pueda permitir el acceso por las reglas específicas aplicables.

Los documentos deben presentarse de forma legible y, si es posible, ordenados siguiendo los motivos de la resolución. Una relación numerada facilita comprobar qué hecho pretende acreditar cada documento.

Qué ocurre después de la reclamación

El INSS debe resolver la reclamación previa dentro del plazo legal aplicable. En materia de prestaciones de Seguridad Social, la regla general de la reclamación previa prevé un plazo de 45 días para contestar. Si no existe respuesta dentro de ese plazo, la reclamación puede entenderse desestimada por silencio a efectos de acudir a los juzgados.

La Administración puede estimar totalmente la reclamación, estimarla parcialmente o mantener la denegación. También puede reconocer el derecho desde una fecha determinada, que no siempre coincide con la fecha de presentación de la solicitud. El momento de nacimiento y los efectos económicos dependen de la normativa del IMV y de las circunstancias acreditadas.

Una estimación parcial debe revisarse con atención. Puede aceptar la existencia de vulnerabilidad, pero discutir la composición de la unidad, la fecha de efectos o la cuantía. En ese caso, la persona interesada debe decidir si el reconocimiento satisface su pretensión o si necesita impugnar los aspectos que continúan siendo desfavorables.

Demanda ante los juzgados de lo social

Si la reclamación previa es desestimada, o si transcurre el plazo legal sin respuesta, puede presentarse una demanda ante el juzgado de lo social competente. La competencia territorial puede depender del domicilio de la persona demandante y de las reglas procesales aplicables, por lo que conviene comprobar el órgano concreto antes de presentar el escrito.

El plazo general para demandar en materia de prestaciones de Seguridad Social es de 30 días desde la notificación de la resolución de la reclamación previa. Cuando la reclamación se entiende desestimada por silencio, el cómputo se vincula al transcurso del plazo legal para resolverla, conforme a las reglas de la jurisdicción social. Las particularidades del expediente pueden afectar al cómputo, especialmente si hubo una notificación defectuosa o una resolución posterior.

La demanda debe exponer los hechos de forma cronológica, identificar la resolución impugnada, explicar por qué se cumplen los requisitos y solicitar el reconocimiento del IMV en los términos correspondientes. Deben acompañarse la resolución inicial, la reclamación previa, la contestación administrativa si existe y los documentos principales.

En los procedimientos de Seguridad Social, la asistencia de abogado o graduado social no siempre es obligatoria en primera instancia, pero puede ser muy conveniente. La decisión depende de la complejidad del caso, del número de personas integrantes de la unidad, de la prueba económica y de la necesidad de discutir la interpretación de la normativa.

Diferencia entre denegación, suspensión y extinción

No debe confundirse una denegación con una suspensión o una extinción del IMV:

• Denegación: la Administración rechaza la solicitud y no reconoce inicialmente el derecho.
• Suspensión: el pago o el derecho quedan temporalmente interrumpidos por una causa prevista legalmente, que puede ser subsanable o revisable.
• Extinción: el derecho reconocido deja de existir por incumplimiento sobrevenido, pérdida de requisitos u otra causa legal.
• Revisión: el INSS comprueba si se mantienen las condiciones y puede modificar la cuantía, exigir reintegros o adoptar otra decisión.

El cauce de impugnación puede tener elementos comunes, pero la defensa cambia según se discuta el acceso inicial, la continuidad del derecho, una modificación de cuantía o un reintegro de cantidades. La resolución debe leerse para identificar exactamente qué decisión se está recurriendo.

Errores que pueden perjudicar la reclamación

• Dejar pasar el plazo por esperar una llamada, una nueva carta o una respuesta informal.
• Presentar un escrito genérico que no responde al motivo de denegación.
• Confundir el empadronamiento con la prueba completa de convivencia o residencia efectiva.
• No explicar los cambios producidos entre el ejercicio fiscal utilizado y la fecha de solicitud.
• Aportar documentos sin indicar qué hecho acredita cada uno.
• Omitir a integrantes de la unidad de convivencia o declarar una composición que no coincide con la realidad.
• No conservar el justificante de presentación, la resolución y las notificaciones electrónicas.
• Presentar una nueva solicitud sin impugnar la primera cuando todavía está abierto el plazo de reclamación.

Revisión de oficio y nueva solicitud

Una nueva solicitud puede tener sentido cuando han cambiado las circunstancias o cuando la primera denegación obedeció a una situación que ya no existe. Sin embargo, no sustituye necesariamente a la reclamación previa. Si la resolución es incorrecta y el plazo para reclamar sigue abierto, conviene impugnarla expresamente para evitar que quede firme.

También puede solicitarse la revisión de determinados datos o aportar documentación adicional en los mecanismos administrativos disponibles, pero esa actuación no siempre suspende ni interrumpe los plazos judiciales. La presentación de escritos complementarios debe hacerse sin confiar en que sustituya al recurso legalmente previsto.

Cuando la situación económica ha empeorado recientemente

El IMV puede calcularse atendiendo a reglas anuales de ingresos y, en determinados supuestos, a mecanismos destinados a valorar la vulnerabilidad económica del año en curso. Por eso una persona que ha perdido el empleo después del ejercicio fiscal utilizado no debe limitarse a afirmar que sus ingresos actuales son bajos.

Debe comprobar qué vía de acreditación permite la normativa vigente, qué periodo se toma en consideración y qué documentos prueban la reducción. La reclamación puede incluir tanto la crítica al cálculo realizado como la explicación de la situación económica sobrevenida, sin mezclar periodos ni presentar como ingresos actuales cantidades percibidas en ejercicios anteriores.

Si existen menores, personas con discapacidad, violencia de género, separación, desahucio o ausencia de apoyo familiar, esas circunstancias pueden ser relevantes para la configuración de la unidad de convivencia o para la valoración de determinados requisitos. Su acreditación debe realizarse mediante documentos oficiales o informes de los servicios competentes, respetando las reglas específicas de cada supuesto.