Consentimiento informado de menores de edad en Colombia: participación, asentimiento y representación

El consentimiento informado relativo a menores de edad en Colombia regula quién puede autorizar actos médicos, qué información debe entregarse y cómo se incorpora la voluntad del niño, niña o adolescente en decisiones que afectan su salud. El marco jurídico se sostiene en principios constitucionales (derecho a la salud, dignidad humana y autonomía progresiva), las normas sobre infancia y adolescencia, el Código Civil y la normativa sanitaria, así como en la doctrina y la jurisprudencia que reconocen la participación gradual del menor según su desarrollo.

Qué significa jurídicamente el consentimiento informado de menores

Juridicamente, el consentimiento informado es la autorización válida otorgada por la persona competente para aceptar un procedimiento médico tras recibir información comprensible sobre diagnóstico, opciones terapéuticas, riesgos, beneficios y consecuencias de no tratarse. Cuando quien recibe la atención es un menor, la autorización normalmente la otorgan sus representantes legales (padres, guardianes o tutor). Además existe una obligación legal y ética de escuchar y considerar la opinión del menor conforme a su edad y madurez —lo conocido como asentimiento—, sin que el asentimiento suprima la necesidad del consentimiento del representante cuando la ley así lo exige.

Cuándo aplica: supuestos frecuentes

• Procedimientos diagnósticos o terapéuticos que requieren hospitalización, cirugía, anestesia, transfusión u otros actos invasivos: suelen requerir consentimiento escrito del representante.
• Intervenciones de menor riesgo o atención ambulatoria: pueden aceptarse por consentimiento verbal, siempre que quede constancia en la historia clínica; sin embargo, la práctica recomienda documentación escrita si existe cualquier riesgo relevante.
• Investigación biomédica o ensayos clínicos: exige reglas adicionales de protección, evaluación ética y consentimiento informado firmado por representante, además del asentimiento del menor cuando sea posible.
• Situaciones de urgencia o riesgo vital: si no hay representante disponible, la ley y la ética permiten proceder con el tratamiento necesario para preservar la vida o integridad del menor, documentando la circunstancia y las decisiones clínicas.
• Adolescentes con autonomía progresiva: en procedimientos relacionados con salud sexual y reproductiva o en decisiones donde el menor demuestra suficiente madurez, los profesionales deben ponderar la participación directa del adolescente; la práctica clínica obliga a analizar caso por caso.

Quién puede autorizar: representación y capacidad

Las personas con poder de representación para consentir actos médicos por menores suelen ser:

• Padres que ejercen la patria potestad o la custodia.
• Tutor o representante legal designado por autoridad competente (por ejemplo, en casos de privación de la patria potestad o ausencia de padres).
• ICBF u otra autoridad de protección en situaciones de adopción, protección o abandono; esas entidades toman decisiones en la medida en que la ley se los permita.
• Menores emancipados o que, por decisión judicial o normas aplicables, gozan de capacidad para ciertos actos pueden consentir por sí mismos.

Es importante verificar la documentación que acredita la representación (registro civil, sentencia de tutela, resolución administrativa, documento de designación de tutor). Si existe duda razonable sobre la legitimidad del firmante, el establecimiento de salud debe solicitar acreditación antes de proceder con actos no urgentes.

Asentimiento del menor: qué es y cómo se practica

El asentimiento es la manifestación de voluntad del menor compatible con su grado de comprensión. No sustituye el consentimiento del representante legal cuando la ley exige éste, pero tiene efectos prácticos y éticos: obliga a informar al menor en un lenguaje apropiado, registrar su opinión y respetar su rechazo cuando sea razonable para su edad y el procedimiento no ponga en riesgo grave su vida.

Elementos prácticos del asentimiento:

• Explicación adaptada a la edad y competencias cognitivas del menor.
• Registro en la historia clínica de la explicación dada y de la respuesta del menor.
• Respeto por la negativa del menor en procedimientos no esenciales o con alternativas, salvo riesgo inminente para la vida o salud pública.

Emergencias y supuestos en los que se presume el consentimiento

Cuando el menor se encuentra en una situación de urgencia y no hay representante disponible, la actuación médica necesaria para salvar la vida o evitar un daño grave es legítima sin consentimiento previo. La actuación debe limitarse a lo indispensable, documentarse en la historia clínica y comunicarse a la autoridad/representantes tan pronto sea posible.

Diferencias entre consentimiento, asentimiento y autorización judicial

Requisitos informativos y formalidades que deben cumplirse

En la práctica, la información que se debe suministrar al representante y, en la medida de lo posible, al menor, incluye:

• Naturaleza del diagnóstico y finalidad del tratamiento.
• Descripción del procedimiento, su duración aproximada y quien lo realizará.
• Riesgos y complicaciones probables, así como efectos adversos graves.
• Beneficios esperados y alternativas terapéuticas disponibles (incluyendo no intervención) y sus consecuencias.
• Necesidad de hospitalización, anestesia o transfusiones, y posibles secuelas.
• Información sobre la confidencialidad y la posibilidad de consultar una segunda opinión.

La forma de documentar el consentimiento debe adecuarse al riesgo del procedimiento: generalmente se recomienda documento escrito firmado por el representante y por el profesional que informó; en investigaciones o procedimientos de alto riesgo la firma y un testigo son prácticas habituales. Siempre debe incluirse la fecha, identidad del menor y del firmante, y referencia a la información otorgada.

Problemas frecuentes y cómo abordarlos

1. Discrepancia entre padres

Cuando los padres no se ponen de acuerdo, la práctica razonable es buscar diálogo y consenso documentado; si no es posible y existe riesgo para el menor, el equipo de salud puede solicitar intervención de la autoridad de protección (como el ICBF) o, según el caso, acudir a la vía judicial para obtener autorización. Documentar las conversaciones y ofrecer asesoramiento legal y ético es clave.

2. Negativa del menor frente a intervención recomendada

Si el menor se opone y el acto no es urgente, valorar su madurez y la proporcionalidad del acto. El rechazo de un adolescente maduro puede tener peso, pero si la negativa expone al menor a grave riesgo sanitario, la intervención paternalista puede justificarse y deberá ser documentada y motivada.

3. Falta de documentación del consentimiento

La ausencia o deficiencia del consentimiento documentado incrementa el riesgo de responsabilidad civil o disciplinaria si existe daño. En reclamaciones, la historia clínica y los consentimientos firmados son pruebas clave. Mantener registros claros y firmados por el representante y el profesional minimiza conflictos.

4. Menor sin acompañante o representantes desconocidos

Si el menor aparece solo y requiere atención, se procede según lo permita la urgencia: intervenir si hay riesgo inminente y notificar a las autoridades de protección. Si el acto puede esperar, el establecimiento debe intentar localizar representantes o solicitar intervención de entidad de protección.

Responsabilidad por consentimiento deficiente o negligencia

Un consentimiento inválido (por falta de información, firma dudosa, incapacidad del firmante o coacción) puede integrar una conducta reprochable desde el punto de vista civil, disciplinario y, en casos graves, penal. En acciones civiles por daños, la documentación clínica y peritajes médicos son determinantes. En caso de sospecha de vulneración de derechos del menor, además de las acciones judiciales, es posible acudir a autoridades de protección para medidas cautelares.

Recomendaciones prácticas para cada actor

Para profesionales de la salud

• Informar en lenguaje comprensible tanto al menor como a su representante; adaptar la explicación según la edad.
• Obtener y documentar el consentimiento del representante en forma escrita para procedimientos de riesgo; registrar el asentimiento del menor.
• Ante urgencias sin representante, actuar para preservar la vida y dejar constancia detallada en la historia clínica.
• Si existe conflicto familiar, buscar intervención de ética clínica y registrar los pasos para intentar el consenso.

Para padres o representantes

• Solicitar que las explicaciones sean claras, que se dejen por escrito los riesgos y alternativas y conservar copia del consentimiento firmado.
• Involucrar al menor en la medida de su capacidad; respetar su opinión cuando sea posible.
• Si no está de acuerdo con la intervención propuesta, pedir una segunda opinión médica y asesoría legal si la divergencia persiste.

Para adolescentes

• Expresar dudas y preferencias; pedir que la información sea explicada de forma sencilla.
• Si se siente presionado, solicitar tiempo para hablar con un adulto de confianza o con el equipo de salud.
• Conservar copias de la documentación y preguntar sobre derechos de confidencialidad en temas sensibles.

Vías de protección y recursos disponibles

Cuando los derechos de un menor son vulnerados en contexto sanitario (por ejemplo, falta de consentimiento válido, negligencia o abuso), las vías de protección incluyen recursos administrativos ante autoridades sanitarias, denuncias ante entidades de protección de la infancia (ICBF), quejas disciplinarias contra profesionales de la salud y acciones judiciales para reparaciones civiles. También existe la acción de tutela como mecanismo de protección urgente del derecho fundamental a la salud, cuya procedencia depende del caso concreto y de la existencia de otros recursos efectivos.

Aspectos que requieren verificación caso por caso

• Documentos precisos que acreditan representación: verificar con rigor la identidad y la legitimidad del firmante.
• Situaciones de emancipación o minorías especiales: comprobar los títulos o decisiones judiciales que confieren capacidad.
• Reglas aplicables a investigaciones biomédicas: cumplir con normativa sanitaria y comités de ética.

Tabla comparativa rápida: quién firma según el escenario